Consejo General de Estudiantes exige destitución inmediata de la presidenta de la UPR
El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras (CGE-UPRRP) exigió este lunes, con carácter de urgencia, la destitución inmediata de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctora Zayira Jordán Conde. Según la organización, en poco más de noventa días de gestión ha demostrado ser incapaz de conducir la institución con transparencia, responsabilidad fiscal y respeto a la gobernanza universitaria.
El CGE denunció que la presidenta ha tergiversado los estados financieros auditados, presentando como “insolvencia” lo que la Certificación Núm. 116 (Estados Financieros Auditados 2024-2025) define como un escenario complejo dentro del marco fiscal vigente. Según los estudiantes, esta tergiversación no es un error inocente, sino una cortina de humo para justificar medidas que amenazan la esencia de la Universidad, entre ellas cierres arbitrarios de programas y la reciente propuesta de consolidar rectorías.
Para el Consejo, esta consolidación no representa eficiencia, sino centralización, pérdida de autonomía y debilitamiento institucional, en abierta contradicción con la Ley 1 de 1966, que protege la autonomía universitaria. Asimismo, acusan a la presidenta de marginar la participación de sectores representativos en la Junta Universitaria, violando el Reglamento General de la UPR y el Reglamento General de Estudiantes, y de ceder decisiones estratégicas a asesores externos con conflictos de interés.
El organismo estudiantil también alertó sobre los riesgos a la acreditación de la institución y denunció que Jordán Conde ha adoptado como discurso oficial expresiones “falsas y alarmistas” del analista Jorge Colberg Toro, quien aseguró que “más de la mitad de las pensiones no tienen dinero para pagarse”. Los estudiantes puntualizaron que el Fideicomiso del Sistema de Retiro mantiene solvencia proyectada por más de tres décadas, con un fondo ascendente a $1,713 millones al 30 de junio de 2024.
El CGE subrayó que el verdadero problema de la UPR no es de insolvencia, sino de abandono estatal, recordando que entre 2017 y 2021 las asignaciones estatales se redujeron en más del 40%, provocando aumentos dramáticos en los costos de estudio. El crédito subgraduado se triplicó, las maestrías aumentaron un 43% y programas profesionales como Derecho y Medicina tuvieron alzas de hasta 168%.
Citaron, además, el más reciente estudio de necesidades estudiantiles que refleja una crisis humana: 29.6% del estudiantado enfrenta inseguridad de vivienda, 25% inseguridad alimentaria, 44% vive en carencia financiera (con 62% reportando ingresos de $0 a $500 mensuales), 30% tiene serias dificultades de transportación y 40% ha considerado darse de baja. Asimismo, 90% necesita acceso a dispositivos tecnológicos, 57% enfrenta barreras en investigación y 14% se siente poco o nada seguro en el campus.
“El problema de la UPR no se mide solo en términos contables, sino en vidas estudiantiles y en sus necesidades más apremiantes. Lo que se necesita no son recortes ni consolidaciones, sino inversión robusta y sostenida del Gobierno de Puerto Rico”, destacó el Consejo.
El comunicado resalta que la UPR es un servicio esencial para la seguridad, la salud y el bienestar del país, con funciones más allá del salón de clases como la Red Sísmica, los Servicios Médicos Universitarios, las clínicas jurídicas y programas de apoyo a víctimas de violencia sexual y de género.
El CGE también denunció a la Junta de Gobierno de la UPR por permitir y promover medidas que violentan el debido proceso universitario, incluyendo exclusión de estudiantes de espacios decisionales, cancelación unilateral de reuniones e imposición de asesores externos con conflictos de interés.
“La propuesta de consolidar rectorías es la culminación de este patrón de atropellos. Bajo la excusa de ‘eficiencia’, se desmantelan recintos, se concentra el poder en la administración central y se erosiona la gobernanza compartida”, señaló el organismo.
Finalmente, los estudiantes afirmaron: “La Dra. Zayira Jordán Conde ha perdido toda legitimidad para dirigir la Universidad del Pueblo. Mantenerla en la presidencia expone a la UPR a un colapso de confianza pública, a la pérdida de acreditaciones y al fracaso de su misión histórica. ¡Exigimos la destitución inmediata de Zayira Jordán Conde y repudiamos la consolidación de rectorías y toda iniciativa que erosione la autonomía de la Universidad del Pueblo!”.
