Comunidades de San Juan se apuntan otra victoria contra la Junta de Planificación
El Tribunal de Apelaciones (TA) volvió a darle la razón a vecinos de varias urbanizaciones de San Juan cuando determinó que cuentan con legitimación activa, es decir, que tienen la autoridad legal para entablar una demanda contra la Junta de Planificación y cuestionar la validez de sus determinaciones.
La controversia de este caso surge desde que la Junta de Planificación aprobó un reglamento para la concesión de permisos. Vecinos de la capital impugnaron dicho cuerpo de reglas y prevalecieron en los tribunales. De hecho, el año pasado el TA declaró la nulidad el “Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios del 2020”. Dicha sentencia es final y firme. Sin embargo, el 28 de enero del 2022, la Junta de Planificación aprobó la Resolución Núm. JPI-39-09-2022. En dicho documento, el organismo concluyó que, «dentro de su facultad estatutaria e inherente de interpretar leyes y reglamentos vigentes e instrumentos de planificación, INTERPRETA Y ACLARA que el Reglamento Conjunto 2020 sigue vigente y su aplicación se extiende a toda la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico…”
A raíz de dicha determinación, las mismas comunidades que impugnaron y lograron la declaración de nulidad del controversial Reglamento regresaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) a cuestionar la decisión de la Junta de Planificación por entender que era contraria a derecho. Empero, el pasado 15 de marzo del 2022 el TPI desestimó la demanda. El dictamen judicial se ancló en la alegada falta de legitimación activa de la comunidad para promover la reclamación, pues “no demostraron la existencia de un daño claro y preciso como resultado de la aplicación del Reglamento Conjunto 2020”.
Ayer el Tribunal de Apelaciones revocó dicha determinación del Tribunal de Primera Instancia. “A la luz del análisis anterior, concluimos qué los Apelantes tienen legitimación activa para instar la Demanda de autos. Además, ante la ausencia de un remedio adecuado en ley que aplique a la controversia planteada en este caso, procedía emitir un injunction para hacer cumplir la Sentencia dictada a favor de los Apelantes y evitar la aplicación ilegal del Reglamento Conjunto 2020” concluyó el panel compuesto por los jueces Olga Birriel Cardona, Olga Álvarez Esnard y Eric Ronda del Toro.
Según expresó Luis Garcia Pellati, ex presidente de la Junta de Planificación al medio digital Sin Comillas, “la verdadera razón para intentar mantener el Reglamento Conjunto es permitir la autorización de permisos sin cumplir con el Plan de Usos de Terrenos y con los planes territoriales municipales, así como continuar utilizando el “Business Portal” de la OGPe, que, como han señalado varios reportajes de prensa, permite ser utilizado por personas dentro y fuera de la OGPe para autorizar o denegar permisos sin seguir el debido proceso”.
Precisamente, el pasado 14 de septiembre, la periodista Tatiana Ortiz de la Unidad Investigativa de Las Noticias, divulgó la serie “El cartel de los permisos” en los que se hicieron serios señalamientos en la otorgación de permisos en el área oeste. Las denuncias giran en torno a presuntas irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos de la Región de Aguadilla. Vea lo que encontró Tatiana Ortiz.
Contenido Relacionado
