Cierran Centro Gubernamental de Minillas
La Policía interviene con un grupo de unionados de ProSol-Utier quienes cansados de esperar por una respuesta de parte de la gerencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), decidieron parar hoy las labores para exigir justicia salarial e iniciar el proceso de negociación colectiva detenido desde 2014 por la entonces Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del gobierno (Ley 66)
“Cerramos el edificio. Hoy llegó el ‘Carreteras Flu’. Nos unimos al llamado de cientos de servidores públicos que exigen justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno. Aquí en la ACT hubo en diciembre un aumento salarial de 1,200 dólares mensuales para los ingenieros de proyectos. Para ellos sí apareció dinero, pero para los demás trabajadores, no”, explicó Ángel Pinto Rivera, presidente del capítulo de la ACT de ProSol-Utier.
El sindicalista justificó el reclamo de justicia salarial amparada en que los trabajadores unionados realizan las tareas que fundamentan el salario del ingeniero de proyecto, además del alza en el costo de vida y en haber estado más de una década sin ajuste de salario.
“Mientras en la ACT existen puestos que pagan el salario mínimo, los empleados de contratos federales comenzaron a cobrar a raíz de 15 dólares la hora a partir de enero. Nosotros en Carreteras cobramos de fondos federales mediante un proceso de reembolso. Entendemos que merecemos igual trato. Es lo justo”, afirmó.
Añadió que la ACT impulsó desde 2018 una serie de retiros tempranos que provocó menos empleados, mayor trabajo y el derroche de fondos públicos mediante la privatización de tareas.
“La Autoridad de Carreteras tiene los fondos para hacer justicia, lo que ocurre es que las prioridades están invertidas. El dinero está utilizándose para favorecer a los privatizadores y a la alta gerencia”, denunció.
En diciembre pasado, la Unión se reunió con la gerencia de la ACT y los representantes del gobernador y acordaron recibir una respuesta el 14 de enero. Sin embargo, ahora la ACT pide esperar hasta el 15 de marzo, lo que los empleados consideran una práctica dilatoria y una falta de respeto.
