Acusan a CPA por presunto desfalco de sobre $11.2 millones de un fondo de inversión en Puerto Rico

julio 9, 2026

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó al contador público autorizado (CPA) Gian C. Piovanetti por presuntamente apropiarse ilegalmente de más de $11.2 millones de un fondo de capital privado que administraba como parte de sus funciones en una institución financiera local.

Según la acusación, Piovanetti enfrenta un cargo por malversación de fondos bancarios, uno por conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cargos por lavado de dinero.

Las autoridades federales alegan que, entre el 6 de mayo y el 1 de julio de 2024, el acusado realizó una serie de transferencias no autorizadas desde la cuenta del fondo de inversión, por un total aproximado de $11,266,493.

De acuerdo con el pliego acusatorio, las transacciones no estaban relacionadas con inversiones autorizadas, no fueron aprobadas por el comité de inversiones del fondo y carecían de un propósito legítimo.

La Fiscalía federal sostiene que Piovanetti utilizó parte del dinero para adquirir artículos de lujo para él y miembros de su familia, saldar balances de tarjetas de crédito y comprar bienes inmuebles.

Entre las compras señaladas figura una Porsche Cayenne Coupé 2024 registrada a nombre de su esposa y opciones para adquirir apartamentos fuera de Puerto Rico.

El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, alegó que el acusado «se enriqueció a sí mismo y a familiares gastando millones de dólares que no le pertenecían», al tiempo que incumplió con sus deberes fiduciarios y traicionó la confianza de su patrono y clientes.

Por su parte, el jefe de la oficina del FBI en San Juan, Carlos R. Goris, afirmó que este arresto refleja el compromiso de la agencia con la investigación de delitos financieros complejos y la protección de la integridad de las instituciones financieras.

Piovanetti comparecería este jueves ante el magistrado federal Héctor Ramos Vega.

De ser hallado culpable, enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión.

El caso es investigado por el FBI y procesado por el fiscal federal auxiliar Julian Radzinschi.

Como en todo proceso penal, la acusación constituye únicamente una alegación y el imputado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.

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