Piden preservar correos de Suzanne Roig antes de su salida del Departamento de la Familia

Por Andrea Osorio Gelpí

La renuncia de Suzanne Roig Fuertes como secretaria del Departamento de la Familia abre otro frente en la controversia judicial relacionada con el polémico proyecto Star Academy.

La empresa Coccoloba Agroenvironmental LLC y el agrónomo Christian Torres Santana solicitaron al Tribunal que ordene preservar los correos electrónicos y archivos digitales de la funcionaria antes de que abandone su puesto el próximo 31 de diciembre.

En una moción urgente presentada este miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los demandantes advirtieron que la salida de Roig podría provocar la desactivación de su cuenta institucional y la eliminación automática de información que consideran importante para el litigio.

La solicitud no se limita a la cuenta de la secretaria. También busca que se conserven las comunicaciones de los funcionarios Irma Abreu Marine y Cruz Caraballo Cruz, del presidente de LAP Consulting Group, Luis Pedraza González, y del buzón utilizado para recibir propuestas.

Los demandantes también piden conservar los mensajes, incluso aquellos que hayan sido eliminados, los archivos adjuntos y los registros de auditoría. La solicitud incluye los teléfonos, computadoras y otros equipos electrónicos asignados a Roig, así como las comunicaciones relacionadas con el caso que puedan estar almacenadas en dispositivos o aplicaciones personales.

Además, buscan que se preserve toda la información almacenada electrónicamente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta la fecha en que el tribunal emita la orden, si determina concederla.

El reclamo forma parte de una demanda presentada el pasado 23 de octubre, en la que Coccoloba y Torres Santana reclaman al menos $2.5 millones por presuntos daños a su reputación durante el proceso de evaluación de propuestas para el proyecto educativo Star Academy.

La iniciativa, valorada en $38.5 millones y financiada con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), contemplaba la implementación de servicios educativos mediante NOLA Education.

Coccoloba figuró entre las empresas evaluadas por LAP Consulting Group, firma contratada por el Departamento de la Familia. Sin embargo, la compañía sostiene que nunca presentó una propuesta para participar del proyecto.

La petición de preservación de evidencia busca evitar que información que pudiera ser relevante para el caso desaparezca con la salida de la funcionaria de la agencia.

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