Descartan designar un FEI contra alcalde de Yauco, pero lo refieren a Ética Gubernamental
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó que no existe causa suficiente para designar un fiscal especial independiente contra el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, por posibles irregularidades en la concesión y desembolso de donativos municipales a ciudadanos afectados por lluvias.
No obstante, el PFEI refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que evalúe si corresponde realizar una investigación de carácter administrativo.
El PFEI acogió la recomendación del Departamento de Justicia, que concluyó que no había causa suficiente para creer que Torres Ortiz incurrió en conducta delictiva relacionada con los hechos señalados en una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
La auditoría hacía referencia a posibles irregularidades luego de las inundaciones registradas el 7 de mayo de 2024, cuando el municipio otorgó 77 donativos de $5,000 a ciudadanos afectados por las lluvias torrenciales, bajo un estado de emergencia.
Como parte de la investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia examinó documentos, realizó múltiples entrevistas y recopiló declaraciones de funcionarios y empleados municipales, auditores y personas relacionadas con los donativos.
La investigación evaluó si los hechos podían constituir violaciones al Código Penal, específicamente al Artículo 262, relacionado con incumplimiento del deber, y al Artículo 264, sobre malversación de fondos públicos. Esto, ante los señalamientos de que se otorgaron donativos por cantidades superiores a las permitidas por el Código Municipal y las deficiencias identificadas en el proceso de desembolso.
También se evaluó la posible violación de la Ley Orgánica de la OEG, ante la posibilidad de que funcionarios utilizaran las facultades de sus cargos para obtener, directa o indirectamente, un beneficio personal o para terceros.
Sin embargo, la investigación no encontró evidencia de que el alcalde hubiera actuado intencionalmente para incumplir la ley, provocar una pérdida ilegal de fondos públicos u obtener un beneficio indebido para él o para otra persona.
Según la determinación, los hechos ocurrieron en el contexto de una emergencia y bajo disposiciones municipales relacionadas con ese escenario.
Tras archivar el asunto en el ámbito penal, el PFEI remitió su resolución a la OEG para que evalúe, investigue y adjudique lo que corresponda ante posibles violaciones a su ley orgánica.
