Acusan a planta procesadora de carne por descargar desperdicios en quebrada de Naguabo
Las autoridades federales acusaron este miércoles a Ganaderos Borges Inc. (GBI) y cuatro de sus empleados por presuntamente descargar desperdicios de su planta procesadora de carne en aguas protegidas por la Ley de Agua Limpia, en Naguabo.
Los acusados fueron identificados como César P. Borges-Arroyo, Neftalí Borges-Gómez, Erison Delgado-Santos y Héctor Fulgencio-Cabrera. El pliego incluye cuatro cargos por violaciones a la Ley de Agua Limpia y uno por conspiración para infringir ese estatuto federal.
GBI opera un matadero y una planta procesadora de carne que recibe animales vivos para su sacrificio y elabora productos para el consumo.
Según la acusación, desde agosto de 2018 hasta al menos septiembre de 2025, Borges-Arroyo, presidente de GBI, y Borges-Gómez, operador de la planta, ordenaron a empleados, entre ellos Delgado-Santos y Fulgencio-Cabrera, descargar aguas residuales desde una laguna de retención hacia una quebrada cercana.
Las autoridades alegaron que utilizaban una bomba sumergible conectada a una manguera para realizar las descargas sin contar con un permiso bajo la Ley de Agua Limpia. El esquema presuntamente buscaba evitar millones de dólares en gastos anuales por la disposición de los desperdicios.
Los residuos incluían sangre, pelo, tejido y excremento de animales, además de grasa, aguas residuales, desinfectantes y otros líquidos utilizados durante las operaciones de sacrificio, procesamiento y limpieza.
De acuerdo con el pliego acusatorio, los desperdicios llegaban a una laguna de retención ubicada en el extremo suroeste de la propiedad. La quebrada adyacente recorre cerca de media milla hasta desembocar en el mar Caribe, a la altura de Tropical Beach, en Naguabo.
“Alegamos que esta planta procesadora de carne y al menos cuatro de sus empleados conspiraron para bombear carne, sangre y excremento de animales hacia una quebrada que desemboca en el océano y en una playa pública”, expresó Adam Gustafson, principal subsecretario de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.
Gustafson afirmó que la conducta imputada “sacrifica la salud pública para obtener beneficios económicos” y advirtió que el Departamento de Justicia responsabilizará a quienes violen las leyes ambientales.
Por su parte, el fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó sostuvo que GBI descargó repetida e intencionalmente desperdicios sin tratar en el mar Caribe, a la altura de Tropical Beach.
“Esta acusación envía el mensaje de que quienes deliberadamente socaven las leyes ambientales federales y pongan en peligro el medioambiente y las comunidades de Puerto Rico enfrentarán un procesamiento por delitos graves”, manifestó Ramírez Carbó.
Jeffrey A. Hall, administrador adjunto de la Oficina de Cumplimiento y Garantía de la EPA, alegó que los acusados enviaron hacia el mar Caribe desperdicios con sangre de animales y productos de limpieza, a pocas millas de reservas naturales, playas y una base militar. Según indicó, estas descargas pueden afectar el agua, la vida silvestre y la salud humana.
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