Miguel Romero sobre Domenech: "Lo correcto es desvincular al funcionario"
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, destacó varios de los avances alcanzados por la administración municipal, particularmente en el sistema de salud, al tiempo que abordó los retos que enfrenta la capital en áreas como el suministro de agua y la gobernabilidad.
Durante una entrevista, Romero informó que el sistema de salud del Municipio de San Juan obtuvo la acreditación de The Joint Commission, una certificación que evalúa la calidad y seguridad de los servicios médicos bajo nuevos estándares.
Según explicó, la acreditación abarca el hospital municipal, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), los servicios dirigidos a personas sin hogar y la clínica especializada en VIH. A su juicio, este reconocimiento fortalece la calidad de los servicios, mejora la experiencia de los pacientes y ha permitido incorporar especialistas y tratamientos que anteriormente no estaban disponibles.
En el ámbito fiscal, el alcalde indicó que las recientes mejoras en las clasificaciones crediticias otorgadas por Moody’s y Fitch Ratings permitirán al municipio regresar al mercado de bonos para financiar proyectos de infraestructura.
Romero adelantó que la próxima emisión de deuda estará dirigida exclusivamente a obras de capital, entre ellas proyectos de salud, mejoras a una escuela municipal y otras iniciativas de infraestructura. Enfatizó que esos recursos no serán utilizados para cubrir gastos operacionales del municipio.
Por otra parte, el alcalde reconoció que persisten problemas relacionados con el servicio de agua potable en distintos sectores de San Juan. Criticó la comunicación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y aseguró que existen incumplimientos de acuerdos alcanzados previamente con la corporación pública.
Ante ese escenario, informó que el municipio evalúa regresar al tribunal para solicitar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la AAA, incluyendo la asignación permanente de una brigada y la implementación de ajustes operacionales que permitan atender con mayor agilidad las averías que afectan a la ciudad.
Finalmente, Romero también se expresó sobre las investigaciones que enfrentan funcionarios del Ejecutivo. Consideró que, una vez se designa un fiscal especial para atender un caso, lo más prudente es separar temporalmente o reasignar a los funcionarios involucrados mientras concluye el proceso, con el fin de preservar la transparencia, la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
