Senado investiga posibles errores en facturación de la AAA; créditos se reflejarían en agosto
El Senado de Puerto Rico investiga la facturación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ante las múltiples quejas de abonados que aseguran haber recibido cobros por un servicio que no recibieron, incluyendo casos de presunta doble facturación.
La pesquisa se realiza mediante la Resolución del Senado 593, radicada por el senador novoprogresista Héctor Joaquín Sánchez, con el propósito de determinar si la corporación pública cumplió con las disposiciones aplicables durante las interrupciones del servicio, particularmente en las zonas donde se declaró una emergencia.
Durante una vista pública, la AAA informó que realizará un análisis «edificio por edificio y zona por zona» para identificar a los clientes que corresponda acreditar o ajustar en sus facturas, luego de que algunas comunidades permanecieran por periodos prolongados sin agua.
Según se indicó, los créditos y ajustes comenzarían a reflejarse en las facturas de agosto y se aplicarían de forma automática, sin que los abonados tengan que presentar reclamaciones.
Además, la corporación pública aseguró que, por el momento, no contempla suspender el servicio de agua a clientes relacionados con estas reclamaciones.
El senador expresó preocupación por el impacto de esta situación en los adultos mayores, quienes, según dijo, suelen pagar facturas elevadas por temor a que les suspendan el servicio.
Durante la audiencia también se discutió una situación que afecta a algunos condominios, donde el llenado de cisternas puede generar un registro de consumo en el contador que no necesariamente corresponde a agua suministrada por la AAA, lo que podría derivar en facturación incorrecta.
Sánchez recordó que la Ley 143 de 2018, relacionada con la transparencia en la facturación de servicios públicos, también aplica a la AAA, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la orientación a los consumidores.
Asimismo, planteó que la corporación evalúe mecanismos para compensar mediante créditos o reembolsos a los edificios y comunidades que incurrieron en gastos extraordinarios al comprar agua o utilizar sistemas de emergencia durante las interrupciones del servicio.
