Gobierno rechaza aumento tarifario de energía eléctrica para los consumidores
El Zar de Energía y Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón, reiteró su posición institucional a los efectos de que no existe base legal, financiera, u operacional que justifique un aumento en la tarifa eléctrica.
“No existe base legal ni evidencia que justifique un aumento en la tarifa eléctrica. Nuestro deber es proteger al consumidor.”, indicó Colón mediante un comunicado escrito.
Según el comunicado, las presiones financieras señaladas en el proceso por LUMA Energy responden a deficiencias operacionales, fallas en la ejecución de fondos federales y desviaciones de los presupuestos aprobados, y no a una insuficiencia estructural en la tarifa vigente.
Además, Colón enfatizó que la política pública del Gobierno está dirigida a garantizar que las tarifas eléctricas sean justas y razonables, conforme a las exigencias de la ley, y que no se trasladen a los ciudadanos los costos derivados de ineficiencias operacionales o fallas en la administración del sistema.
“Nuestra participación responde al interés público, no a intereses particulares. Estamos aquí para exigir cumplimiento y proteger al pueblo.”, abundó el director.
En relación con las expresiones recientes surgidas en el proceso, el director aclaró que estas provienen de un oficial examinador y no constituyen a una determinación final del Negociado de Energía o de la política pública del Gobierno.
A esos efectos, se puntualizó que la comparecencia del Zar de Energía y de la AAPP se realiza ante el Negociado de Energía, ente con autoridad final en este procedimiento, y no ante el oficial examinador, cuyo rol se limita a emitir recomendaciones.
En última instancia, le corresponde al Negociado evaluar el récord administrativo y adoptar, modificar o rechazar cualquier recomendación conforme al marco legal y regulatorio aplicable.
Además, Colón advirtió que el récord administrativo en el cual se sustentan dichas expresiones se encuentra incompleto. Esto se debe a como los resultado de las decisiones tomadas por el propio oficial examinador limitaron la incorporación de evidencia material y pertinente, principalmente relacionada con el manejo de fondos federales y con los gastos de LUMA.
«Cuando se excluye evidencia material, se compromete la transparencia del proceso.”, abundó el director.
