FBI allana la casa de periodista del Washington Post
Por: CNN
El mes pasado, la periodista del Washington Post Hannah Natanson escribió una pieza en primera persona sobre su largo año como “la susurradora del gobierno federal”, recibiendo confidencias de cientos de empleados federales impactados por la transformación del gobierno impulsada por el presidente Donald Trump.
La mañana del miércoles, agentes del FBI llegaron a la residencia de Natanson y ejecutaron una orden de allanamiento. Según informó el Post, se incautaron un teléfono y dos computadoras.
La fiscal general Pam Bondi alegó en una publicación en X que Natanson estaba “obteniendo y reportando información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.
El Post no tuvo una respuesta inmediata a la alegación de Bondi. Previamente, un portavoz del medio indicó que la publicación estaba monitoreando la situación.
El registro, altamente inusual, encendió de inmediato las alarmas entre defensores de la libertad de prensa.
“Los allanamientos a redacciones y periodistas son señas distintivas de regímenes iliberales, y debemos asegurarnos de que estas prácticas no se normalicen aquí”, dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute.
Defensores de la prensa también subrayaron que los periodistas no cometen un delito por informar o publicar documentos filtrados, aun cuando las fuentes que los divulgan puedan enfrentar consecuencias legales.
“Los periodistas están legalmente autorizados a publicar secretos gubernamentales y los tribunales han reafirmado una y otra vez ese derecho de la Primera Enmienda”, dijo a CNN Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporters Without Borders USA.
Una persona familiarizada con el asunto dijo a CNN que a Natanson se le informó que no es objetivo de la investigación. En cambio, aparenta estar relacionada con una pesquisa en curso sobre un contratista gubernamental en Maryland.
Según la propia historia del Post, “la orden indicaba que las autoridades investigaban a Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas en Maryland con autorización de seguridad de alto secreto, acusado de acceder y llevarse a su hogar informes de inteligencia clasificados que, de acuerdo con una declaración jurada del FBI, fueron encontrados en su lonchera y en su sótano”.
Perez-Lugones fue acusado la semana pasada de retener ilegalmente documentos clasificados, según una declaración jurada federal. Está programado para comparecer ante un tribunal federal el jueves.
Bondi no nombró a ninguna persona específica en su declaración, pero afirmó: “El filtrador se encuentra actualmente tras las rejas”.
Añadió que el allanamiento a la residencia de Natanson se realizó “a solicitud del Departamento de Guerra”, utilizando el nombre preferido por la administración Trump para el Departamento de Defensa.
“La administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser reportada, representan un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra Nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país”, dijo Bondi.
“Una escalada tremenda”
Reporteros expresaron de inmediato su preocupación por una persecución más amplia de filtradores. En la columna del Post del mes pasado, Natanson describió haber recibido 1,169 nuevos contactos en Signal provenientes de todo el gobierno federal —personas que “decidieron confiarme sus historias”.
Signal es una aplicación de mensajería cifrada, generalmente considerada una forma segura de comunicarse con fuentes. Natanson también describió otras medidas que tomó para garantizar la confidencialidad de quienes querían confiar en ella.
Pero ahora, un reportero del Post dijo a CNN, bajo condición de anonimato: “Todos estamos tratando de averiguar qué precauciones adicionales debemos tomar”.
Un segundo reportero del Post afirmó: “Estamos horrorizados por Hannah, que es una periodista maravillosa, y asustados por nosotros mismos, tratando de pensar cómo proteger aún más a las fuentes y asegurar nuestro trabajo y dispositivos”.
El presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, Bruce D. Brown, dijo: “Los registros físicos de dispositivos, hogares y pertenencias de reporteros son de los pasos investigativos más invasivos que puede tomar la policía”.
“Existen leyes y políticas federales específicas en el Departamento de Justicia destinadas a limitar los allanamientos a los casos más extremos, porque ponen en peligro fuentes confidenciales mucho más allá de una sola investigación y afectan el periodismo de interés público en general”, señaló Brown.
“Si bien no conoceremos los argumentos del gobierno para superar estos umbrales tan elevados hasta que se haga pública la declaración jurada, esto representa una escalada tremenda en las intrusiones de la administración a la independencia de la prensa”.
El contratista del Pentágono
El Departamento de Justicia alegó en documentos judiciales que Perez-Lugones, exfuncionario de la Marina y contratista del gobierno con autorización de seguridad de alto nivel desde 2002, realizó búsquedas en bases de datos con información clasificada en octubre de 2025, accediendo a un informe de inteligencia de alto secreto relacionado con un país extranjero no identificado.
El FBI alegó que Perez-Lugones tomó capturas de pantalla de partes de ese informe clasificado y las colocó en un documento de Word.
El Departamento de Justicia también alegó que Perez-Lugones tomó notas de información en un sistema clasificado a principios de este mes y que los investigadores hallaron documentos marcados como secretos en su automóvil en Maryland.
Cabe destacar que los documentos de acusación contra Perez-Lugones no contienen alegaciones sobre ninguna posible filtración a algún medio de comunicación.
Actualmente permanece detenido, luego de que el Departamento de Justicia argumentara el martes en un escrito judicial que Perez-Lugones podría divulgar más información si fuese puesto en libertad.
