Tribunal convoca vista tras demanda del Gobierno contra LUMA Energy
El gobierno de Puerto Rico inició hoy formalmente el proceso para cancelar el contrato con LUMA Energy, tras presentar una demanda ante el Tribunal de San Juan que alega la nulidad de la extensión otorgada al contrato suplementario en noviembre de 2022.
Según la administración, dicha extensión expiró en 2022 y fue concedida sin cumplir con los requisitos legales, lo que implica que los acuerdos originales han finalizado.
Esta acción busca poner fin al control indefinido de LUMA sobre el sistema de transmisión y distribución eléctrica, el cual, según el gobierno, ha despojado al estado de su facultad regulatoria y ha convertido el contrato en perpetuo.
La gobernadora Jenniffer González enfatizó que con esta demanda se inicia la salida del consorcio, prevista en su campaña, y se trabaja en la contratación de una nueva empresa, aunque solicitó que LUMA continúe operando el sistema por un año durante la transición.
Por su parte, LUMA Energy, a través de su representante legal Frank Torres Viada, rechazó las alegaciones del gobierno y destacó que la demanda no contiene acusaciones de incumplimiento contractuales, sino que se basa en un tecnicismo jurídico respecto a la nulidad de la carta de extensión.
Torres Viada no descartó solicitar que el caso sea trasladado al Tribunal Federal, donde existe otro proceso pendiente.
La gobernadora también solicitó al Tribunal Supremo que asuma jurisdicción inmediata debido al alto interés público del tema.
Se anticipa un litigio complejo, y el tribunal citó a las partes para una audiencia el 22 de diciembre, aunque negó la petición del gobierno para un entredicho provisional.
