Contraloría detecta irregularidades en el municipio de Comerío
La Contraloría de Puerto Rico detectó irregularidades en las operaciones fiscales de Comerío, entre ellas que el municipio formalizó seis contratos de servicios profesionales por 65,386 dólares sin que el secretario municipal ni la contratista presentaran evidencia de las licencias, credenciales u autorizaciones que validaran su conocimiento y experiencia profesional.
Además, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, se emitieron pagos por adelantado y uno de los comprobantes no incluía la factura de la contratista.
“Estas situaciones pudieron afectar la calidad de los servicios y no hubo certeza de que se rindieron de acuerdo con las leyes que rigen la profesión en lo relacionado a trabajos con los tanques soterrados de almacenamiento de combustible en el taller de Obras Públicas Municipal”, señaló el informe.
La auditoría señala también que el municipio otorgó dos contratos y tres enmiendas por 84,010 dólares a un contratista para reparaciones eléctricas sin establecer los trabajos ni lugares de servicio.
Además, el contratista no presentó en las facturas, los estimados requeridos ni la autorización del municipio para realizar dichos trabajos. Contrario a la reglamentación vigente dichas facturas por 59,510, fueron certificadas como correctas por la secretaria del alcalde o el administrador municipal en vez de por el director de la Oficina de Gerencia de Proyectos.
El informe indica a su vez que de 2017 a 2019, Comerío remitió hasta seis meses más tarde el Informe Mensual de Nóminas y Puestos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y los contratos y enmiendas hasta tres meses más tarde al Registro de Contratos.
“Estas situaciones privaron de información actualizada e impidieron que los documentos estuvieran accesibles a la ciudadanía”, estableció la Contraloría.
El informe comenta igualmente que, al 11 de febrero de 2020, cinco demandas civiles por 1,720,000 dólares estaban pendiente de resolución por los tribunales y un caso ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
La auditoría de Comerío cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019.