¿Transparencia o persecución? El debate por los archivos de Justicia
En un intercambio entre senadores se debatió la solicitud de información al Departamento de Justicia sobre más de 200 investigaciones archivadas bajo una orden administrativa emitida el año pasado.
Los legisladores buscan obtener un listado de los casos cerrados y los memorandos de archivo para evaluar si procede abrir pesquisas legislativas.
La discusión surge tras cuestionamientos por el archivo del caso de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, lo que generó sospechas sobre otros posibles expedientes similares.
Algunos senadores defienden que el Senado tiene la facultad constitucional de fiscalizar y revisar actuaciones del Ejecutivo, incluso en casos cerrados, mientras otros advierten que divulgar nombres de personas investigadas —sin que se haya probado delito— podría prestarse para persecución política y vulnerar la presunción de inocencia.
También se planteó la posibilidad de revisar la información en sesiones ejecutivas confidenciales.
El debate refleja tensiones entre la transparencia gubernamental, la fiscalización legislativa y la protección de derechos individuales.
