Alertan que fianza para impugnar permisos podría afectar la defensa de recursos naturales
La discusión pública sobre la Ley 82 de 2026 ha encendido alertas entre sectores ambientales y comunitarios, debido a que establece un nuevo requisito de fianza para quienes intenten impugnar permisos de construcción.
Según la licenciada Mariana Nogales, la medida es preocupante porque podría limitar el acceso a la justicia y crear “dos categorías de ciudadanos”: quienes tienen los recursos económicos para acudir a los foros administrativos o tribunales, y quienes no pueden hacerlo.
Nogales señaló que imponer fianzas con cifras desproporcionadas haría casi imposible que comunidades o ciudadanos puedan cuestionar proyectos de alto impacto, así como situaciones más cotidianas que afecten su calidad de vida.
Aunque el gobierno ha argumentado que la medida busca evitar impugnaciones frívolas, los entrevistados sostuvieron que ya existen mecanismos para atender esos casos, como la discreción judicial y la imposición de sanciones económicas.
Por su parte, la líder ambientalista Myrna Conty subrayó que la participación ciudadana es esencial en estos procesos y recordó el mandato constitucional de proteger los recursos naturales de Puerto Rico.
Mientras, el organizador comunitario Héctor “Tito” Varela advirtió que la ley podría favorecer desarrollos en suelos rústicos y zonas especialmente protegidas, debilitando herramientas como el Plan de Uso de Terrenos.
Varela también alertó sobre los riesgos de construir en áreas vulnerables a terremotos, deslizamientos e inundaciones, así como el posible impacto en la infraestructura, el servicio de agua y el sistema energético.
En conjunto, los participantes hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse, expresarse y defender tanto el ambiente como el derecho de las comunidades a reclamar.
