Imputan perjurio al Municipio de Cataño
Por La Unidad Investigativa de Las Noticias
A pesar de que el Municipio de Cataño mantiene viva una demanda contra la empresa JR Asphalt, en la que busca recuperar los $9 millones que le pagó a esa compañía de forma ilegal, el ayuntamiento habría incurrido en negligencia al incumplir con los términos establecidos por la corte y por falta de supervisión a sus representantes legales en este litigio. Ello pone en entredicho el interés del municipio en proseguir con este pleito al tiempo que levanta serios cuestionamientos en cuanto el uso juicioso de fondos públicos.
Ramon Ramos, abogado de uno de los dueños de la empresa, solicitó al tribunal que se extienda el descubrimiento de prueba por un periodo adicional de cuatro meses, pero solo para beneficio de JR Asphalt y/o sus anteriores socios, a fin de que las partes puedan cumplir con el calendario estipulado y para la toma de deposiciones, si fueran necesarias. “El Municipio de Cataño ha actuado temerariamente al dilatar sus contestaciones al descubrimiento que le fue notificado de manera oportuna e igualmente al proveer contestaciones inútiles”, reza la moción sometida por Ramos y cuya copia está en poder de la Unidad Investigaciones de Las Noticias.
El ayuntamiento costeño es representado por el bufete ECIJA, el cual tiene contratos por $200 mil. Sin embargo, la parte demandada alega que el Municipio de Cataño no cursó ningún tipo de descubrimiento de prueba por escrito dentro del término estipulado por el tribunal. Como ejemplo, los demandados le señalaron a la corte que el Municipio cursó un interrogatorio dirigido a Villegas Vargas el 22 de diciembre de 2023, dos meses después del periodo establecido por la corte. Esto provocó que el representante legal de Villegas objetara que el convicto federal tuviera que contestar dicho interrogatorio. Las contestaciones de Villegas tendrían que ser sometidas para juramento. El tribunal aún no ha decidido qué hará con esta solicitud de los demandados.
Otra instancia en la que el abogado de Villegas puso en entredicho la diligencia del municipio desplegada en este caso fue la tardanza del ayuntamiento en contestar un interrogatorio cursado al ayuntamiento. Según la moción radicada por Ramos, al municipio le tomó casi 4 meses contestar dicho mecanismo de descubrimiento de prueba. Las Reglas de Procedimiento otorgan un periodo de 30 días. “… [N]o fue hasta el 11 de enero de 2024 que el ayuntamiento produjo su contestación al pliego de interrogatorios y requerimiento para la producción de documentos”, indica el escrito. Dicha contestación fue suscrita por el director de la Oficina de Asuntos Legales, el abogado Rafael Serrano Quiñones quien sostuvo bajo juramento que “nadie” colaboró con él en su respuesta. “Del examen de las contestaciones es evidente que el licenciado Serrano Quiñones cometió perjurio o fue patentemente negligente al firmar bajo juramento esa contestación, ya que este indicó en no menos de 46 ocasiones, que no era abogado y que no podía contestar las preguntas porque en su opinión se relacionaba con las teorías legales de los abogados del Municipio que redactaron la demanda”, afirma el documento legal.
Mantiene que igualmente es de “preocupante seriedad, si el licenciado Serrano Quiñones no quiso mentir al indicar que no era abogado como pretexto para evadir responder directamente a las preguntas, este actuó negligentemente y faltó a la verdad, cuando sin examinar unas contestaciones que evidentemente fueron redactadas para ser suscritas por un funcionario del Municipio que no fuera abogado, suscribió la declaración jurada que acompaña a la contestación, afirmando que leyó la respuesta al pliego de interrogatorios que antecede y que lo ahí expresado es conforme a la verdad, según su mejor saber, información y conocimiento”.
Mario Villegas Vargas y Raymond Rodríguez, exsocios de JR Asphalt, se declararon culpables en el foro federal por haber sobornado al exalcalde de Cataño Félix Delgado a cambio del otorgamiento de contratos con ese municipio. Villegas fue sentenciado a tres años y 10 meses de prisión, mientras, que Rodríguez a dos años y medio de cárcel, además, a pagar una multa de $20 mil.
Por su parte, el abogado Jaime Sanabria, dijo a Las Noticias que el Municipio de Cataño ha cumplido con el proceso de descubrimiento de prueba durante todo el litigio.
«Allí la contestación a los contra interrogatorios, lo que se está alegando es que el director de la División Legal dijo que no era abogado. Pero, lo que quiso decir fue que no era abogado que representaba al Municipio en ese caso. No que no era abogado en su carácter profesional porque eso no era lo que se estaba preguntando. Lo que estaba diciendo era que no era abogado del Municipio del litigio en el cual se le estaba preguntando. Por lo tanto, no es perjurio. Esto es simplemente una estrategia de los abogados de la parte contraria, por tratar de crear un problema o una imagen donde no la hay”, expuso Sanabria del bufete ECIJA, que representa al ayuntamiento.
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