Secretario de Justicia recomienda un FEI para investigar a exdirectora de la Autoridad de Tierras

septiembre 29, 2022

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy, jueves a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designar un FEI para investigar a la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR), Dorally Rivera Martínez, y otros exfuncionarios de dicha corporación pública, por malversación de fondos asignados por la Asamblea Legislativa.

“Acogemos la recomendación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia y, a esos efectos, recomendamos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que designe un Fiscal Especial Independiente con relación a las actuaciones imputadas”, lee la notificación emitida por el secretario en el día de ayer.

Según se establece en comunicación escrita, al concluir una investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia determinó que existe causa suficiente para creer que Rivera Martínez; la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres; y el director del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, Miguel Santiago Irizarry, cometieron el delito de malversación de fondos públicos, según dispuesto en el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.

También trascendió que durante la investigación se obtuvo información en torno a que la exdirectora ejecutiva autorizó el uso de un vehículo oficial de la ATPR, corporación pública adscrita al Departamento de Agricultura, para que el ingeniero Santiago Irizarry le diera uso privado.

La pesquisa se originó mediante un referido del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que incluyó los hallazgos preliminares de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos legislativos asignados a entidades sin fines de lucro a través del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la ATPR, en virtud de la Ley Núm. 173-2020, que enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. 

Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa determinaba las entidades a las que se les hacia la transferencia de dinero del Fondo de Mejoras Municipales, pero la Autoridad de Tierras tenía el deber ministerial de distribuirlos salvaguardando la legitimidad y velando por los mejores intereses de Puerto Rico. 

Tan reciente como el pasado mes de marzo, la Unidad Investigativa de Las Noticias pudo conversar en exclusiva con Dorally Rivera, luego que el secretario de Agricultura le solicitara la renuncia en medio de señalamientos de mal manejo de fondos del barril legislativo, que distribuía entre 18 a 20 millones de dólares mensuales entre los 56 legisladores de distrito.

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