Secretaria de Corrección es citada al Tribunal federal por posible desacato a la corte

junio 14, 2022

Por: Melissa Correa Velázquez

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, deberá comparecer este jueves al Tribunal federal a una vista ante el juez federal Francisco Besosa, para mostrar causa por la cual no debe ser encontrada en desacato por incumplir una orden previa a fin de que declarara vacante la contratación de un nuevo director de programas del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ).

“Al día de hoy la secretaria ha fallado en cumplir con la orden de mostrar causa”, sentenció Besosa en su orden.

Durante una vista del caso, celebrada el pasado 4 de enero, el juez ordenó al NIJ que tenía que notificar con dos semanas de anticipación los cambios, “con justificación escrita de por qué esos cambios fueron hechos y garantías de que esos cambios tendrán un impacto positivo en lograr el cumplimiento de las áreas que quedan de este caso”.

La monitora del caso Kimberly Tandy había dispuesto que el gobierno de Puerto Rico le informara sobre las credenciales de cinco candidatos y los criterios que se utilizarían para la contratación.

Posteriormente, Tandy notificó a la corte que la agencia no le proveyó los criterios basados en la descripción del trabajo. El NIJ solicitó una reconsideración, pero, Besosa mantuvo su orden para que Tandy entrevistara a los candidatos.

Finalmente, el 20 de mayo el NIJ le informó a Tandy que habían contratado a una persona.

“No se proporcionó notificación previa a la monitora y no se ofreció ninguna justificación sobre cómo las calificaciones y la experiencia de esta persona promoverían el cumplimiento de las órdenes pendientes”, apuntó el juez.

Besosa afirmó que “después de 28 años de fracaso para lograr un cumplimiento sustancial en áreas críticas que involucran la protección de los jóvenes contra daños, la continua deferencia de este tribunal al DCR para solucionar sus propios problemas a través de un liderazgo consistente y efectivo aun no ha resultado en la terminación exitosa de este caso”.

El 10 de agosto de 1994, el Departamento de Justicia en Washington demandó al gobierno de Puerto Rico por violar los derechos civiles de los menores recluidos en las instituciones del Estado.