Pedro Pierluisi no se sorprende por anulación de Ley de Retiro Digno
El gobernador Pedro R. Pierluisi afirmó hoy que no le sorprendió la anulación de la Ley de Retiro Digno por parte de la jueza Laura Taylor Swain y admitió que tenía componentes que estaban “claramente reñidos” con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Sobre la determinación de la jueza que atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, comentó que “revisaremos la decisión con el equipo legal que tenemos y entonces partiremos de ahí”.
En declaraciones a la prensa después de participar en la graduación de policías en la academia de Gurabo, el mandatario dijo que el tema “es un asunto legal. Los abogados tienen que evaluar la decisión antes de tomar cualquier decisión en cuanto a, por ejemplo, si se apela o no. Eso hay que evaluar los méritos de la decisión. Voy a esperar el consejo de los abogados antes de tomar una decisión”.
Agregó que “esa ley tenía varios componentes. No me sorprende la decisión, porque tenía, otra vez, varios componentes, algunos que estaban claramente reñidos con el plan fiscal certificado por la Junta. Es lamentable el hecho de que parte de la ley lo que quería y pretendía es reconocer que todos los servidores en Puerto Rico tienen derecho a un retiro digno. En la medida en que la decisión no cuenta con el aval del Tribunal federal, pues lo lamento”.
Swain determinó anular la Ley de Retiro Digno, medida que fue aprobada por la Cámara y el Senado, firmada por el gobernador, y que buscaba proteger a retirados de recorte de pensiones.
“De conformidad con las secciones 204(a) y 104(k) de (la ley) Promesa, la Ley 7 se declara anulada, inaplicable y sin efecto”, señaló la jueza en su veredicto, que añade que “se prohíbe a los demandados implementar y hacer cumplir la Ley 7”.
La decisión se da luego de que el 2 de julio pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometiera una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi, así como contra los presidentes del Senado, José Luis Dalmau, y la Cámara, Rafael Hernández Monañez, para frenar la implementación de la Ley 7 de Retiro Digno.
Según la JSF, la Ley 7 debía ser anulada “porque le prohíbe al gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el cuarto plan de ajuste enmendado presentado el 29 de junio de 2021. La negativa del gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la junta sin otra opción que recurrir al litigio”.