Comisionado de la Policía: "No toleramos conductas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico"

agosto 12, 2022

Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía de Puerto Rico, advirtió que en la Uniformada “no toleramos conductas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico”, en relación al agente Iván Molina Casiano, contra quien el Departamento de Justicia presentó 12 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados luego de presentar pruebas de laboratorio de COVID-19 falsas para continuar trabajando de forma presencial pese a que no estaba vacunado.

“De ser probado este hecho, tanto sus ahora compañeros como la agencia que representó que es la Policía de Puerto Rico, estamos muy conscientes de que el cumplimiento de las leyes comienza desde la casa. Por eso, no toleramos conductas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo cuando se trata de un agente que juró cumplir con la ley y el orden”, sostuvo el jefe de la Policía. 

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto contra Molina Casiano, a quien le impuso una fianza de $12,000. La misma fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio. 

Este podría enfrentar una pena de reclusión por un término fijo de tres años por cada cargo.

La investigación se originó tras un referido de la División de Investigaciones de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud.

El agente, adscrito a la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía en Carolina, determinó no vacunarse contra el COVID-19 por motivos religiosos. Según la orden ejecutiva número 2021-058 del 28 de julio de 2021, este podía continuar trabajando presencialmente siempre y cuando se realizara una prueba de laboratorio de coronavirus semanalmente.

Durante los meses de agosto de 2021 a febrero del presente año, Molina entregó a su supervisor más de 20 pruebas de COVID-19. De la investigación se desprende que 12 de las pruebas fueron falsificadas.

Por lo cual, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais le radicó cargos por violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la posesión y el traspaso de documentos falsificados.

“El Ministerio Público cuenta con la evidencia para probar más allá de duda razonable la posesión y traspaso de los 12 documentos falsificados”, sostuvo la fiscal, quien lideró la investigación en la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia con el apoyo de la inspectora de la SARAFS, Maruxa Díaz Pagán.

“Un agente o funcionario no solo debe cumplir la ley sino dar ejemplo de honestidad y ética. Estamos seguros de que la mayoría cumplen con este estándar de integridad. El Departamento de Justicia se encargará de aquellos que se desvíen”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.