Acusan a dos mujeres por trabajo forzoso y abuso contra víctima con discapacidad intelectual
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación contra Luz María Peña López, de 55 años, y su hija, Tatiana Correa Peña, de 36, ambas residentes de Carolina, por cargos de trabajo forzoso y conspiración para cometer trabajo forzoso, anunciaron la asistente del fiscal general Harmeet Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
Peña López también fue acusada de servidumbre mediante retención de documentos, mientras que su esposo, Enrique Gutiérrez Rivera, de 54 años y policía municipal de Carolina, enfrenta cargos por encubrimiento de delito grave, relacionados con su conocimiento, falta de reporte y ocultamiento del uso indebido de los beneficios del Seguro Social de la víctima por parte de sus coacusados. Los tres fueron arrestados en la mañana de hoy.
Según la acusación, Peña López y Correa Peña presuntamente abusaron física y psicológicamente de la víctima, una mujer adulta con discapacidad intelectual, a quien obligaron a pedir dinero en las calles, realizar actividades fraudulentas y delictivas, y efectuar labores domésticas en su residencia. Las acusadas también se apropiaron de los beneficios mensuales del Seguro Social de la víctima para su uso personal.
El documento judicial detalla que, como parte del esquema coercitivo, las acusadas golpearon a la víctima —en ocasiones utilizando objetos como cinturones, palos de escoba y cables—, la amenazaron con violencia y muerte, le restringieron la libertad de movimiento y la obligaron a dormir en un espacio antes utilizado para alojar cabras y gallos, que en ocasiones cerraban con llave durante la noche. Además, usaron los fondos de la víctima, negándole incluso artículos básicos de higiene como ropa, cepillos de dientes, desodorante y toallas sanitarias.
“La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia condena el atroz abuso y trabajo forzoso infligido a esta víctima con discapacidad, según se alega en esta acusación, y estamos comprometidos a garantizar que los responsables enfrenten todas las consecuencias de la ley”, expresó la asistente del fiscal general Harmeet K. Dhillon.
La pena máxima por el delito de trabajo forzoso es de 20 años en prisión federal, mientras que por encubrimiento de delito grave la pena máxima es de tres años.
El caso está siendo investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y será procesado por la fiscal auxiliar federal Daynelle Álvarez y la abogada litigante Jessica Arco, de la Unidad de Procesamiento de Tráfico Humano de la División de Derechos Civiles.
Cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse con la oficina local del FBI al 1-787-987-6500. Si usted o alguien que conoce es víctima de trata humana, puede llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888.
