Jurado federal acusa a ocho mujeres por fraude millonario al Departamento del Trabajo de Puerto Rico
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal contra ocho mujeres por su presunta participación en un esquema de fraude para obtener beneficios por desempleo de manera ilegal del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), ascendiendo el fraude a $619,923, informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Según la acusación, las imputadas conspiraron para someter información falsa, utilizar identidades de terceros y crear historiales de empleo ficticios con el fin de recibir beneficios por desempleo, Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y Asistencia por Desempleo por Desastres (DUA, por sus siglas en inglés).
La pesquisa fue iniciada por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico y está a cargo del Departamento del Trabajo federal (USDOL-OIG) y el FBI, con apoyo de la Policía de Puerto Rico, el Servicio de Inspección Postal federal (USPIS), DHS-OIG y Hacienda.
La acusación señala que Luz Garay-Osorio, empleada del DTRH, utilizó su posición de confianza para alterar el sistema interno de la agencia y hacer elegibles a familiares y co-conspiradores, además de radicar reclamaciones fraudulentas, crear historiales laborales falsos y realizar determinaciones monetarias indebidas.
También alegadamente utilizó identidades de otras personas para provocar el pago ilegal de beneficios.
Las autoridades detallaron que el grupo obtuvo fraudulentamente cerca de $619,923, mientras que Garay-Osorio recibió alrededor de $142,507 en pagos ilegales tipo “kickback” provenientes de transferencias bancarias y giros postales realizados por las demás acusadas.
Garay-Osorio fue despedida del Departamento del Trabajo tras descubrirse el esquema.
Además de conspiración para robar fondos federales, Garay-Osorio enfrenta cargos adicionales por fraude postal de servicios honestos, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
De ser encontradas culpables, las acusadas enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, mientras que Garay-Osorio podría enfrentar hasta 20 años adicionales por algunos de los cargos y una sentencia obligatoria mínima de dos años por robo de identidad agravado.
El fiscal federal destacó que el caso reafirma el compromiso de las autoridades de proteger los fondos públicos, combatir la corrupción y salvaguardar programas financiados con dinero de los contribuyentes, especialmente aquellos dirigidos a poblaciones vulnerables.
El procesamiento del caso está a cargo del fiscal federal auxiliar Scott Anderson.
